Estoy azorado con la decisión
de la Corte
Suprema
de convocar a una audiencia pública
destinada a recoger
opiniones
respecto a la constitucionalidad o no
de la Ley de Medios
No
tengo dudas de que se trata
de una maniobra dilatoria
También tengo
–a
riesgo de equivocarme–
la certeza de que una mayoría del cuerpo
ya
resolvió declarar la inconstitucionalidad de un artículo:
aquel que
prevé un límite de licencias
El corazón de la ley
En cuanto a la audiencia pública,
es cuánto
menos insólito que la Corte convoque
en un pie de igualdad al Estado y a
un grupo económico
para que expongan sobre lo que ya fundamentaron
largamente
en un proceso judicial
Más sorprendente es que se llame a
participar a cinco ONG,
por cada parte, para que en el supuesto rol de
"amigos del tribunal"
vuelquen sus opiniones
¿Opiniones sobre qué?
Se
supone que la Corte conoce el derecho y,
sobre lo que tiene que fallar,
es una cuestión de puro derecho
¿Las ONG van a enseñarles
a los miembros del tribunal
cómo
interpretar el derecho constitucional?
¿Acaso la opinión de esas ONG,
que tal vez reciban,
en algún caso, aportes privados o estatales,
es más
importante que el debate de los legisladores,
que las opiniones ya
vertidas por los fiscales de primera y segunda instancia,
que los fallos
del juez de primera instancia, la Cámara Civil y Comercial
y que el
dictamen de la procuradora fiscal?
Algunos remiten a la audiencia que la
Corte patrocinó
respecto a la situación del Riachuelo como antecedente
Nada tiene que ver porque en esa reunión
se trataba de conocer "los
hechos" y no "el derecho"
Además, esta audiencia la han convocado
a
pocos días de finalizado el escrutinio de las PASO,
como si el "clima de
época" fuera lo que determina las acciones del tribunal
Ahora, tratan
de pasar la decisión para después
de los comicios de octubre, agregando
fojas a un expediente
sobre el que ya debería haberse fallado
Espero que no utilicen,
como argumento para decretar la
inconstitucionalidad del artículo 45
la falacia de que los cables, al
no circular por el espectro radioeléctrico,
no son objeto de regulación
pública
Sería un fundamento insostenible
Efectivamente, los cables no integran el espectro radioeléctrico
pero
esa circunstancia no los deja afuera de una ley
que pretende la
desmonopolización de medios
Se trata de regular, para que no existan
concentraciones mediáticas
que actúen como tutores de la opinión pública
y, por ende,
de la democracia, sin importar el carácter técnico
de esa
acumulación de herramientas mediáticas
Así lo entendimos en el gobierno de Raúl Alfonsín
y por esa razón, en
abril de 1988,
enviamos al Parlamento un proyecto
–que desgraciadamente
no se aprobó por la presión combinada
del Grupo Clarín y el menemismo
recién triunfante en la interna justicialista–
de Ley de Medios que era
más restrictivo, si se quiere, que la ley actual
Por último, la Corte debe considerar que la cuestión en debate
no es
favorecer al Grupo Clarín y perjudicar al gobierno, o viceversa
Está en
discusión si el Estado tiene la facultad
de sancionar normas
antimonopólicas o si, por el contario,
estamos condenados a tolerar la
concentración
La Cámara Civil y Comercial tuvo la desfachatez
de fundar su fallo en
favor de la inconstitucionalidad
afirmando que la desinversión hacía
inviable
la ecuación económica de la empresa
Ese criterio se da de
narices con un reciente fallo de la Corte
en favor de la llamada
libertad sindical
que promueve la descentralización de los gremios
por
rama de producción, habilitando a los sindicatos
que carecen de
personería gremial para ser parte de las paritarias
Esta decisión debilitará, sin lugar a dudas,
el poder económico de
los grandes gremios
No vaya a ser que ahora, por una parte,
un fallo de
la Corte fortalezca doctrinariamente
la concentración de poder
económico en grupos monopólicos y,
con otro fallo, haya desprotegido en
la negociación colectiva
al eslabón más débil de la cadena que son los
trabajadores
De confirmarse que,
al rechazo de la constitucionalidad del artículo
madre de la Ley de Medios,
se sumarían sentencias que desfinanciarían el
sistema de la seguridad social,
estaríamos en presencia de un retorno a
un escenario propicio
para una restauración neoliberal y frente a un
severo retroceso democrático
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