El tribunal ratificó que la utilización
de ese tipo de armas implicaría
la violación de tratados internacionales
La Cámara en lo Contencioso Administrativo
rechazó un planteo del gobierno PRO
para equipar a la policía con esas armas
El macrismo insistió y cosechó un nuevo fallo desfavorable
El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño
celebró la decisión porque
“pone un coto a la arbitrariedad del jefe de Gobierno,
quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza
al servicio de la represión y la tortura”
El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro,
autorizó en 2009 un pliego para adquirir armas no letales
A comienzos de 2010, ordenó la compra de cinco pistolas Taser X 26
El ODH se presentó ante el Poder Judicial para frenar esa compra
La demanda fue presentada por Carlos Pisoni,
actual subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos nacional
La jueza Andrea Danas detuvo la compra de las Taser
La Cámara les dio la razón a los demandantes
y le recordó al funcionario
que:
“en un Estado democrático,
aun la mera sospecha de que el empleo
de
un arma por parte de las fuerzas de seguridad
pueda derivar en una
acción cruel,
inhumana y degradante para la condición humana
impone
extremar los medios de prueba
tendientes a desvirtuarlo”
Como datos internacionales,
el tribunal también registró 13 casos de muertes
entre 2004 y 2006 en EE UU donde los forenses
indicaron como factor concurrente
el uso de pistolas eléctricas
Esas pistolas habían sido desaconsejadas
tanto por la ONU como por Amnistía Internacional
“Resulta manifiesto que las consideraciones esbozadas
tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
no han sido rebatidas por el gobierno porteño”
“Tampoco pudo demostrar los protocolos de uso”
Los camaristas estimaron que el caso
“debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina,
uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización
ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado”
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