La Procuradora General de la Nación,
Alejandra Gils Carbó,
se pronunció a favor de la constitucionalidad
de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
cuestionados por el Grupo Clarín
En su dictamen, que se hizo público este mediodía,
a horas de que comience la feria judicial de invierno,
le recomendó a la Corte Suprema que revoque
el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal
que benefició al multimedios
La Procuradora remarcó el valor de la ley sancionada
en octubre de 2009 por una amplia mayoría legislativa,
mediante un proceso histórico que incluyó un debate amplio y participativo
También destacó el propósito manifiesto de garantizar
el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión
en condiciones de equidad
y la conformación de un debate público plural y diverso
Con el dictamen de Gils Carbó en sus manos,
Con el dictamen de Gils Carbó en sus manos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
deberá tomar una decisión de fondo
sobre la constitucionalidad de la ley
Además, la Procuradora recordó que la norma
se propuso desde su origen como un instrumento fundamental
para el desarrollo sociocultural de la población,
por el que se exterioriza el derecho humano de expresar,
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones
Y consideró que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín
están “orientados a concretar esos fines”
La concentración de Clarín afecta derechos fundamentales
Destaca que la concentración empresarial en general
La concentración de Clarín afecta derechos fundamentales
Destaca que la concentración empresarial en general
-y en el caso del Grupo Clarín, en particular-,
“pone en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales”
La Procuradora sostuvo que los procesos
de expansión del holding han constituido pasos trascendentes
para la conformación de un “oligopolio mediático”
“el mundo de las ideas no ha escapado
a los procesos de liberalización y utilización de nuevas tecnologías,
por lo que no ha sido inmune al peligro de la proliferación
de prácticas anticompetitivas y de una tendencia irrefrenable
a la concentración del poder económico
La existencia de estos peligros demanda
una disciplina jurídica que se ocupe de ellos”
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