Para los argentinos, la “desaparición forzada”
es un delito íntimamente
ligado a la última dictadura militar,
al accionar de los grupos de
tareas y a los crímenes
cometidos por el terrorismo de Estado
Sin
embargo, también hubo y hay ejemplos ocurridos en democracia
No se
trata ya de un plan sistemático como el que aplicaron los genocidas
vestidos de uniforme que en los ’70 se apoderaron del aparato estatal
sino de casos donde se tiene la firme sospecha
de que miembros
de las
fuerzas de seguridad están involucrados
–de forma directa o por
connivencia–
en la desaparición de una persona
Nombres como los de Jorge Julio López
Nombres como los de Jorge Julio López
–testigo clave en un juicio por
crímenes de lesa humanidad–,
Marita Verón –caída en las manos de una red
de tratantes–,
Miguel Bru, Iván Eladio Torres y Luciano Arruga
–tres
casos donde se investiga a efectivos de la policía–
son claros ejemplos,
pero no son los únicos
A partir de que el pasado 13 de abril se incorporara al Código Penal
el
delito de desaparición forzada a manos de funcionarios públicos
o de
individuos que actúen con la asistencia o protección del Estado
No hay cifras oficiales pero se calcula que 500 adolescentes
por año caen en manos de las redes de trata
De acuerdo con organismos como La
Alameda y la Red Alto al Tráfico y la Trata,
esa cantidad de jóvenes son
explotados en los miles de prostíbulos
que existen en el país
.
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